Gustavo A. Del Ángel-Mobarak, Carlos Bazdresch Parada Y Francisco Suárez Dávila, <em>Cuando el Estado se hizo banquero. Consecuencias de la nacionalización bancaria en México</em>

El libro que presentamos contiene, aparte de una detallada introducción, que más bien es otro polémico ensayo del volumen, 21 trabajos y testimonios, un apéndice estadístico y otro documental, destinados a estudiar las causas y motivos de la nacionalización de la banca mexicana de 1982, así como sus consecuencias macro y microeconómicas. Dividida en seis grandes partes y una más dedicada a unos comentarios finales, la obra ofrece material diverso respecto a la historia política, los marcos conceptuales y los enfoques de política económica que rodearon el acto nacionalizador y condicionaron o determinaron su evolución.

Así, contamos con tres trabajos destinados a describir la banca antes de la nacionalización; tres al contexto económico de ésta; cuatro a proponer una retrospectiva del acontecimiento; tres a examinar el desempeño de la banca estatizada; dos a analizar las consecuencias de la nacionalización en el sector financiero y dos más a sus consecuencias indirectas: reforma, privatización y crisis, y cuatro comentarios finales.

Se trata de una significativa y bienvenida contribución al estudio de nuestra economía política contemporánea, convertida en un ominoso "presente continuo" y, tal vez por eso, en un relato insuficientemente historiado y peor asimilado para la reflexión y la elaboración de una política y una estrategia para el desarrollo futuro. El volumen da para más de un seminario y de una elaboración prospectiva y prescriptiva.

La introducción nos presenta una serie de conclusiones extraídas de las diversas aportaciones individuales, pero que no puede considerarse definitiva sino tentativa. Los propios textos, leídos en el contexto del acontecimiento y del proceso político y económico que desató, dan para más de una conclusión distinta de la que la introducción nos ofrece.

Ha habido y hay una polémica viva en torno de la decisión expropiatoria, pero todavía más de su secuela, en especial del desempeño de la banca nacionalizada y la inevitabilidad de la posterior crisis bancaria atribuida por muchos no a la manera como la privatización se realizó, al paquete institucional que la acompañó y condujo, sino a la nacionalización misma. No parece ser esta, sin embargo, la opinión de varios de los autores del libro, quienes no compartieron las razones de la nacionalización pero tampoco coinciden con la evaluación de su secuela que exponen Marcos Yacamán, en una perspectiva analítica, o Agustín Legorreta desde su visión testimonial.

Para Marcos, por ejemplo, la nacionalización trajo consigo la pérdida de "insumos" que son indispensables para el buen funcionamiento de la banca y que él considera irrecuperables. Entre estas pérdidas destaca la de la clase de los empresarios bancarios y el gremio de los banqueros profesionales; una buena supervisión y los incentivos para la buena administración derivados de la competencia en la era privada, y los contrapesos que encarnaban los accionistas minoritarios. De acuerdo con otras intervenciones registradas en el libro, ni la competencia ni mucho menos los "contrapesos" de los accionistas minoritarios eran vectores significativos del desempeño de la banca privada. Sus virtudes estarían más bien ubicadas en la experiencia adquirida por dueños y directivos y en su capacidad para articular al conjunto de los intereses privados de la época en consonancia con los objetivos de la economía mixta mexicana elaborados por los gobiernos, en especial los de la era del desarrollo estabilizador.

Frente a juicios como los de Marcos o Legorreta, hay que resaltar los apuntes de Silva-Herzog al comparar el desempeño de la banca nacionalizada con el costoso rescate de 1995. O la cuidadosa disección que hace Ernesto Fernández Hurtado de la evolución de la banca en manos del Estado, su papel positivo en la reestructuración de la deuda privada y sus referencias críticas al modo como después, ya en manos privadas, los banqueros y el gobierno abordaron el sobreendeudamiento privado y la crisis bancaria posterior.

El juicio instantáneo y descalificador de la banca pública que se hace en varios de los ensayos y testimonios contrasta con las sólidas intervenciones de Francisco Suárez Dávila, Ernesto Fernández Hurtado y Carlos Sales Gutiérrez, o con las opiniones de Leopoldo Solís referidas en varios textos. "No se puede, de ninguna manera, 'extrapolar' de la nacionalización a la extranjerización, como insinúan algunos... La comparación 1982-1989 con situaciones posteriores, ¡no resiste un análisis por resultados!", afirma Francisco Suárez Dávila. Carlos Sales propone: "Para juzgar el funcionamiento de la banca es muy importante recordar el negativo entorno económico en el que se desenvolvió; señalar que no sólo no requirió subsidio alguno para su funcionamiento y capitalización sino que incluso pagó dividendos y que actuó -en desventaja- como componente de un sistema en el que las autoridades monetarias decidieron apoyar más a los intermediarios no bancarios, principalmente a las casas de bolsa. A la banca nacionalizada se le impidió participar en el mercado de bonos emitidos por el gobierno (Cetes), que fueron un negocio que permitió a las casas de bolsa tener un crecimiento desmesurado en sus utilidades e incrementar su participación en la captación financiera de 7.6 a 22% en sólo seis años" (pp. 177-178). Para Fernández Hurtado, "Los altos precios que estuvo dispuesto a pagar el sector privado mexicano por readquirirla son... un índice valioso del esfuerzo que hizo la banca estatizada, en medio de una crisis bancaria sin precedente y sin requerir apoyo financiero alguno del gobierno mexicano, por atender las necesidades del servicio bancario y de crédito en el país y de la muy exitosa defensa que con muy pocas o no significativas excepciones hicieron las administradoras del patrimonio de la misma" (p. 174). Osvaldo Santín, por su parte, desde otra perspectiva, afirma: "Los bancos no estaban mal administrados durante el periodo que comprendió su nacionalización" (p. 310).

A este respecto conviene prestar más atención al interesante ensayo de economía política de Susan Minushkin, "De banqueros a casabolseros". De él podrían extraerse sugerencias y elementos para una reconstrucción del proceso de crisis y transformación del sistema financiero que vaya más allá de sus antecedentes directos o inmediatos alojados en la crisis que arranca en 1981 o del "mal manejo macroeconómico" que según Mauricio González explica con suficiencia lo que ocurrió en ese año decisivo. Según esta autora, un cambio estructural y conceptual en la distribución del poder dentro del sistema financiero había empezado a darse desde años antes, en favor de los "casabolseros" , por lo que la nacionalización en todo caso habría precipitado esta mutación que ya se había configurado en la elaboración de políticas, proyectos de reforma legal y acciones concretas del gobierno. Con la gestión financiera posterior a la nacionalización este cambio se acelera y concreta en un nuevo panorama institucional y de economía política, para bien y para mal.

Carlos Elizondo nos ofrece una reconstrucción de lo acaecido, que más bien suena a una autobiografía precoz. En el fondo, sus reconsideraciones no encuentran un buen asidero en los recuentos más robustos, salvo en el lugar común de que la decisión fue en lo fundamental una decisión política del Presidente, inconsulta y sólo deliberada con sus colaboradores más cercanos.

Según Elizondo, para el presidente López Portillo aquel era el momento de "seguir haciendo la Revolución desde las instituciones... Un grupo de asesores cercanos a él lo habían alertado, aparentemente desde sus tiempos como secretario de Hacienda, de las dificultades de gobernar la economía mientras la banca siguiera privada y saboteara... los esfuerzos de redirección económica que parte del gabinete... quiso aplicar a lo largo de su sexenio". Elizondo concluye: López Portillo estaría convencido de que "Para gobernar la economía había que poseer los bancos, había que expandir el Estado" (p. 130).

Embarcado en su peculiar análisis político del suceso, este autor va más lejos del análisis y de la política: además de la psicología de un Presidente que se va y se siente solo, traicionado y dispuesto a actuar por despecho, Elizondo sugiere que había una tensión entre el que se iba y el que llegaba. Forzando los términos de un apunte autobiográfico del presidente López Portillo, este autor saca una conclusión un tanto descabellada. "De la Madrid no es el candidato para esta medida. Pero tendrá que ser el Presidente que la administre", que López Portillo anota en sus memorias, Elizondo extrae: "Había que darle, en consecuencia, los instrumentos para estabilizar la economía. O, quizás (y todo esto de la cosecha privada del analista) amarrarle las manos para que no fuera a desviar de su camino la épica de la Revolución Mexicana." No hago más referencia a los juegos interpretativos que abundan en este trabajo, pero vale la pena aludir al ejercicio contrafáctico al que nos invita: "...¿qué hubiera pasado si en la sucesión se hubieran visto favorecidos los nacionalistas con un candidato cercano a su visión del mundo? Quizás habría existido una menor presión por parte de este grupo por estatizar..." (p. 132). O bien, su fallido intento de ironía cuando nos habla de que "(López Portillo) prefirió no dar un discurso vehemente el día en que su acto heroico -sin las comillas del caso- se celebraba en el Zócalo..." Para encontrar en la nacionalización bancaria el nacimiento del proyecto de un nuevo régimen, encabezado por los neopanistas y los "bárbaros del Norte", no es necesario ir tan lejos en la reescritura de la historia.

En su breve comunicación, David Ibarra nos sugiere que el clash paradigmático del presente estaba activo ya en aquellos años. Este cambio de paradigmas, del pleno empleo y el desarrollo a la estabilidad, el libre comercio y la privatización, forma parte del gran vuelco del mundo que arrincona Bretton Woods en los primeros años setenta, desata las crisis petroleras y un tanto triunfalistamente se pretende culminar en 1989 con el desplome del comunismo soviético y del régimen bipolar.

Sin duda, todo esto conforma parte del contexto de la nacionalización pero no la explica directa o inmediatamente, aunque el panorama financiero internacional turbulento de aquellos tiempos deba entenderse no como un factor más de la crisis que llevó a la nacionalización sino como la matriz de incertidumbre y fragilidad institucional global dentro de la cual esta o cualquier otra decisión nacional tenía que tomarse. De esto nos habla con pertinencia y precisión, aunque brevemente, el trabajo de Alfredo Phillips Olmedo.

Vale la pena citar una de las advertencias de Ibarra: puede darnos pistas útiles para proceder a una reconstrucción de la historia que no se ha hecho, a pesar de algunos de los destacados empeños que el libro ofrece. Dice Ibarra: "Con frecuencia se juzga lo que ocurrió, no en las circunstancias históricas estrictas en que debiera entenderse, esto es, en función de las ideas y el ambiente cultural de la época, sino en función de las concepciones, metas e instrumentos recientes. Armados con la visión de ahora, se juzga y condena lo hecho antes... Esas exageraciones históricas debieran conducir a una visión más prudente, a la vez que menos condenatoria de tirios y troyanos" (pp. 145-146). Una prudencia como la insinuada podría haber atemperado la catarata de juicios sumarísimos que por lo leído se desató en el seminario. No se logró entonces pero la asignatura sigue abierta.

Lo que hasta la fecha priva, en efecto, es una reducción de la complejidad a mensajes y condenas instantáneas, mediáticas, dentro del tejido interminable de la "leyenda negra" del desarrollo anterior como la han llamado Cárdenas, Ocampo y Thorpe en su estimulante colección de lecturas acerca del tema [Lecturas de El Trimestre Económico 94]. Para imaginar una nueva política destinada a "nacionalizar" el sistema financiero globalizado es preciso desembarazarse de esta leyenda negra y reconstruir la historia general del desarrollo contemporáneo de México. Sólo así podrá inscribirse congruentemente esa política de reapropiación de las finanzas para fines del desarrollo nacional en un pensamiento estratégico de conjunto, como debe ser y no al revés, como ha ocurrido hasta ahora.

La finanza debe acompañar y sostener la expansión de la producción y la distribución y no al contrario. Esto podría haberse intentado con la banca nacionalizada como soporte, pero se renunció a ello y en su lugar se procedió a una privatización en la que la desregulación se impuso a la "re-regulación" que era indispensable. Aquí está el huevo de la serpiente de la crisis y de la posterior decisión, también presidencial, que también pudo haber sido fruto del despecho, o del desprecio, de dejar la banca a la intemperie y abrir la puerta de su extranjerización total.

La macroeconomía y su descontrol, el conflicto interconstruido por la separación propiciada por el Presidente dentro de la conducción de la política económica, son referidas una y otra vez, en este libro y en otros, como la fuente del descalabro cambiario, el sobreendeudamiento en que se incurrió y la final decisión de expropiar o nacionalizar la banca. Hubiera sido útil para el debate que en vez de sólo citarlos en un pie de página sin mayor detalle (en este caso a Warman y Brailovsky), Mauricio González abriera el expediente de aquellos días y meses y que más que hablarnos de supuestos dogmatismos o ilusiones sin fundamento en el campo desarrollista o estructuralista de entonces, abordara con detalle lo que podía haberse puesto en su lugar, haciendo explícitas las consecuencias de cada opción.

Sin renunciar al uso de las cifras, en que basa sus generalmente sesudas reflexiones analíticas sobre la macroeconomía, Mauricio González en este trabajo parece presa de la irritación (¿o la furia?) y cae en expresiones para mí sorprendentes: "esfuerzo inservible" y "capricho inútil".

Pero la polémica sigue viva y puede desplegarse a partir de reconstrucciones analíticas como la que nos propone Phillips Olmedo. Pienso, por otro lado, que en todos los recuentos tendría que volverse a visitar el carácter de la sucesión presidencial que tiene lugar al calor de la ola de endeudamiento a corto plazo sin freno realizada en 1981 y que cambió de modo radical la estructura y plazos de la financiación externa y desencadenó la crisis fiscal que se hizo presente ese año con toda evidencia. La decisión de mantener el alto crecimiento al costo que fuere, con la esperanza de una rápida recuperación del mercado petrolero, parece haber estado en la base de las decisiones de recurrir a la deuda de corto plazo. Pero qué tanto influyó en ello el combate sucesorio, cómo se trastocaron las opciones en juego, es algo que tendría que considerarse con más detalle. Tal vez, ahí encontraríamos un prolegómeno interesante a la ruptura política mayor que significó la nacionalización y que pronto puso al país en el sendero del cambio estructural globalizador. De esto se ocupa con destreza el ensayo de Carlos Bazdresch.

Para este autor la nacionalización fue sorprendente y traumática no sólo por su forma y el momento en que se da, sino desde lo que podríamos llamar una perspectiva estructural: el Estado mexicano había dado mil muestras de una voluntad política, que yo llamaría histórica, "...de promover el desarrollo de grupos bancarios propiedad de inversionistas mexicanos... La nacionalización... fue contraria a la actitud que había mantenido el gobierno por decenios, y también contra un conjunto de políticas bien establecidas... Además, el efecto de la nacionalización fue mucho mayor si se considera que, a lo largo del tiempo, los bancos habían establecido relaciones muy estrechas con los grupos empresariales más poderosos del país. En realidad, es probable que, en ese momento, no hubiera ningún grupo empresarial mexicano importante que no fuera dueño de algún banco, o al menos inversionista importante" (p. 111).

A este respecto, David Ibarra hace una consideración similar: "La Asociación de Banqueros de México era la CTM del sector privado... Los banqueros conocían al dedillo, por dentro, todos los negocios del país. En consecuencia, podían persuadir a su clientela en torno de las bondades o inconvenientes de las políticas públicas... Ponerse de acuerdo con la Asociación de Banqueros casi aseguraba al gobierno la aceptación del sector empresarial a las propuestas económicas. El mecanismo se perdió y con ello se acrecentó el juego de intereses encontrados, la dosis de desconfianza entre los agentes privados" (p. 146).

Para Bazdresch, estas y otras consideraciones indican que la nacionalización "...se convertía en una cuestión respecto al modelo que adoptaría el gobierno para promover el crecimiento económico del país". Sin embargo, es claro que ni por "sus tiempos" (que deben incluir la sucesión presidencial por él decidida) ni por sus antecedentes políticos y características personales, el Presidente realmente haya tenido en mente un cambio de "modelo" en septiembre de 1982.

Carlos Tello, gran ausente del seminario que dio origen a este libro, sin duda pensaba que era posible, necesario y conveniente usar la banca para intentar este giro, y así lo expone en su trabajo acerca de la nacionalización, pero como el propio Bazdresch lo consigna, Carlos Tello habla siempre en condicional: "La nacionalización tendría gran importancia... su trascendencia sería permanente. Acabaría con la idea de que el Estado había perdido su poder de decisión... haría renacer el espíritu de solidaridad nacional..." etc., etc. Estos condicionantes tienen que verse en el contexto real, político y económico, en el que se realiza la nacionalización. Hay, sin duda, una "vertiente ideológica" como la llama Bazdresch en la decisión presidencial, pero como él mismo advierte, "...No hay evidencia de que estos argumentos hayan convencido al presidente López Portillo" (p. 116).

Al respecto, no sobra llamar la atención en la anécdota que relata Phillips: fue el 17 de febrero, nos dice, cuando a resultas de la negativa de los bancos a abrir operaciones al día siguiente, por no estar de acuerdo con la flotación del peso anunciada, el Presidente aludió a la nacionalización como algo que ya estaba en su cabeza: ante la información recibida por boca del director del Banco de México, el Presidente de la República dio instrucciones de "informar a la Asociación de Bancos que si el 18 de febrero a las 9 am los bancos no abrían sus operaciones de cambio, a las 9:30 am estarían nacionalizados" (p. 88). La famosa "quinta opción" de que nos habla Tello en su libro había empezado a fraguarse como respuesta no sólo a la crisis general sino más que nada frente a lo que parecía una rebelión bancaria en curso, por lo menos a los ojos del Presidente.

Para Bazdresch, las diferentes teorías respecto a las causas de la nacionalización que analiza, no son "contradictorias entre sí", pero para él "no basta con identificar causas 'necesarias', más bien se requiere identificar una causa suficiente" (p. 119). Más que proporcionárnosla, Bazdresch pasa revista a una serie de preguntas no resueltas a cabalidad por esas y otras teorías. Pienso que vale la pena destacar la siguiente: ¿Por qué razón el gobierno no evitó a tiempo el conflicto con los banqueros? ¿Por qué, agregaría yo, con base en el propio Bazdresch, los banqueros no reaccionaron de modo positivo a los reiterados reclamos presidenciales de solidaridad y reciprocidad? Tal vez porque la "CTM del sector privado", que según Ibarra se perdió con la nacionalización, no era ya la misma, ni el Presidente autoritario era el mismo de antes: se había corroído, sin advertirlo sus propios protagonistas principales, el sistema de comunicación pragmático y cooperativo, corporativo si así se quiere verlo, que dio lustre al Estado posrevolucionario y que alcanzó su cúspide durante el desarrollo estabilizador y la gestión de Antonio Ortiz Mena.

No extiendo mi glosa de este trabajo, pero debo advertir algunos desacuerdos puntuales: no pienso que la nacionalización sea la "causa suficiente" de la caída de la inversión privada y que en consecuencia la inflación que arreció en los años subsiguientes deba atribuirse a la nacionalización; tampoco concuerdo con la afirmación de que esta reducción de la inversión fruto de la nacionalización "contribuyó a la caída del producto... y que todo esto llevó al ajuste en materia de deuda externa". La caída de la inversión privada venía de atrás, pero en cualquier caso no fue ésta la que llevó al ajuste. El ajuste está primero y es la causa principal de las caídas catastróficas de aquellos años. Con cargo al presidencialismo se inicia una nueva fase que llevará a un deterioro mayor del presidencialismo, acentuado al final por el cambio estructural hecho, igual que la nacionalización, sin consulta ni deliberación con los actores económicos y los órganos colegiados representativos del Estado.

En realidad, hoy parece claro que la herida abierta por el presidente Echeverría en las clásicas relaciones de cooperación y conflicto entre el Estado y el sector privado no fueron selladas ni superadas por la Alianza para la Producción ni por la abundancia petrolera. De la convocatoria a la unidad nacional para el desarrollo y la estabilidad del primero de septiembre de 1976, no se pasó a una operación congruente para remendar o rehacer el tejido público-privado. Al parecer, el Presidente creyó en la economía, en su recuperación y en la nueva riqueza, como linimentos y cementos suficientes y dejó que la política fuera encontrando su nuevo cauce representativo por medio del gradualismo de la reforma planteada en 1977.

Se olvidó que el capitalismo siempre cambia y crece por medio de la inestabilidad y que para tener desarrollo con estabilidad se requiere acomodos y acuerdos de mediano y largo plazos que el mercado político de la democracia representativa no produce por sí solo.

Estos acomodos básicos o estructurales, pero siempre políticos, suponen revisiones frecuentes y una política de Estado articulada por acuerdos fundamentales pero sin perder de vista ese ejercicio de revisión permanente del marco cooperativo y de comunicación entre los actores sociales y entre éstos y el Estado.

Si en México la banca era lo primero, como lo proponen Bazdresch, Ibarra y varios más, la respuesta está en los actores estelares: la Presidencia y sus organismos y organizaciones especializadas y dedicadas a la gestión económica y financiera, por un lado, y, por otro, los banqueros mismos, entendidos como actores de una articulación compleja que el cambio global ya en curso entonces complicaba todavía más.

Idos los dólares del petróleo, quedó sobre la mesa que no era el cambio voluptuoso del mundo y de México con él lo que quitaba el sueño de banqueros y gobernantes. Ante una deficiente capacidad de adaptación ante el cambio, sin el aceite de las divisas abundantes, la otrora pujante economía mixta mexicana no tenía más destino que el colapso y el choque entre los protagonistas fundamentales. Escenario éste del que no hemos salido con todo y la alternancia con la que, según algunas posturas, se saldaría la deuda histórica de la nacionalización. De aquí la importancia decisiva que tiene leer y escribir bien, sin furia ni cinismo, la historia de un presente que arranca en 1982. Este libro nos convoca a ello.

Usar la historia para esclarecer el presente e imaginar el futuro es una asignatura pendiente de nuestra transición. Quizá sea por esto que lo que hoy sobresale es más que su uso su abuso y vulgarización, su reducción interminable al absurdo, aunque sin las consecuencias heurísticas que se pretenden cuando esta operación se realiza.

Aquello de los setenta años perdidos, que volvió mantra de la alternancia el propio presidente Fox, no fue ocurrencia ocasional, producto de la euforia del triunfo. Descartar lo hecho, sin previo análisis y recuperación de logros materiales y lecciones históricas, es práctica común de un cierto pensamiento absolutista, reaccionario o revolucionario, que entiende la evolución política o económica como un perpetuo juego de tabla rasa, en el que el presente no tiene pasado y lo único que lo explica o justifica es un futuro inalcanzable y, por tanto, inabordable racionalmente.

Por desgracia, entre nosotros ha coadyuvado a hacer de esto una práctica reconocida y popular, un apresurado revisionismo histórico que no revisa demasiado ni con cuidado y respeto por las complejidades de la historia o el desarrollo anterior, con tal de reinventar una tras otra "leyenda negra" que justifique los excesos y omisiones, y permita evadir responsabilidades de quienes gobiernan el presente. Todo lo que ocurre puede explicarse y perdonarse con cargo a esa leyenda negra, fuente interminable de nuestros descalabros y despropósitos actuales.

Cosa similar puede ocurrir con la nacionalización bancaria de 1982, si en ella se quiere encontrar no sólo una coyuntura histórica y política importante y traumática, pero al fin de cuentas expresión inequívoca de una crisis mayor, de la economía, de la política y del Estado, sino el manantial interminable de todos o casi todos los males que aquejan al sistema financiero mexicano, de sus desplomes recientes y de sus ineficacias evidentes de la actualidad. De aceptarse un cuadro explicativo como el descrito sólo queda expiación y paciencia para que una vez redimidos los pecados los banqueros perdonen al país que permitió este desacato a los derechos sagrados y vuelvan a cubrirnos con su velo protector y promotor.

Más que para una evaluación "definitiva" de lo acontecido, el libro que hoy presentamos puede y debe servir para alimentar una reflexión cuidadosa de lo que debe hacerse ahora con un sistema bancario que no presta y con un sistema financiero que no ha parecido capaz de potenciar las innovaciones y aperturas que las reformas legales e institucionales hechas a partir de las grandes crisis de 1982-1988 y 1994-1995 de todas maneras propiciaron. En torno de esta preocupación nacional, y no sólo partidaria o ideológica, debería gravitar la discusión conceptual y de interpretación histórica y política a la que nos convoca Cuando el Estado se hizo banquero. Más allá de las condenas y descalificaciones reduccionistas de las decisiones y acciones que rodearon a la nacionalización, el juicio histórico requiere no sólo un contexto y complejidad que den cuenta de la dificultad que caracterizó esa circunstancia, sino también de una perspectiva política que no renuncie al descarnado examen de los supuestos e intenciones pero que sobre todo busque abrir el panorama de deliberaciones y elaboración de políticas que en buena medida han brillado por su ausencia en el foro público, tal vez abrumadas por el peso de la deuda imposible del Fobaproa-Ipab y la obsesión de las autoridades y grupos financieros viejos y nuevos por volver al business as usual de la opacidad que caracterizó la gestión financiera de gran parte de la historia del Estado posrevolucionario y que, tal vez, también pueda ayudar a explicar los modos, usos y abusos que acompañaron la decisión presidencial de nacionalizar los bancos en septiembre de 1982.

De lo opaco sólo pueden sobrevenir, en tiempos de crisis aguda y para muchos inesperada e incomprensible, reacciones desesperadas y agudizadas por la decepción o el despecho, también ellas urdidas en el sigilo correspondiente a unos corredores del poder, el financiero privado y público, que alimentaba y se reproducía en el secreto presentado como soporte de la discreción requerida por la confianza, dejando de lado un componente fundamental de la credibilidad moderna y ciudadana como es la deliberación abierta y la transparencia institucional. De esto también tendría que hablarse y documentarse cuando se piensa en los procesos presidenciales y políticos que llevaron a la nacionalización.

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  • » Publición impresa: 2005Oct-Dec

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Revista El Trimestre Económico, volumen LXXXVI (4), número 344, octubre-diciembre de 2019. Es una publicación trimestral que aparece en enero, abril, julio y octubre, editada por el Fondo de Cultura Económica, con domicilio en  Carretera Picacho Ajusco número 227, Col. Bosques del Pedregal, Delegación Tlalpan, C.P.  14738, Ciudad de México, teléfono (55) 5227 4672, ext. 1850, http://www.eltrimestreeconomico.com.mx/. Reserva de derechos al uso exclusivo  Número 04-2016-052612421000-203, ISSN 2448-718X. Ambos otorgados por el Instituto del Derecho de Autor. Consejo Directivo de El Trimestre Económico: Orlando Delgado Selley, Saúl Escobar Toledo y José Valenzuela Feijóo. Responsable de la última actualización de este número: Nuria Pliego Vinageras. Fecha de la última actualización: 4 de octubre de 2019. La responsabilidad por lo expresado en los artículos, notas y reseñas es  estrictamente de sus autores; en consecuencia El Trimestre Económico, el Fondo de Cultura Económica y las instituciones a las que estén asociados los autores son ajenos a ella. Todos los derechos reservados. Se autoriza la reproducción total o parcial de los artículos  aquí presentados, siempre y cuando no se mutile y se incluya en todos los casos, junto con la ficha completa, el nombre del autor al que se cite y la  dirección electrónica de la revista; de otra forma, requerirá la autorización por escrito de El Trimestre Económico.