Atribución de la responsabilidad y voto económico El caso de España
Resumen:

Hasta la aparición de los primeros estudios centrados en la hipótesis de la claridad, la teoría del voto económico asumía implícitamente que el gobierno es responsable de la situación económica del país. A diferencia de los trabajos basados en la hipótesis de la claridad en la responsabilidad, en este artículo suponemos que los electores racionales tienen incertidumbre al momento de responsabilizar al Ejecutivo y son neutrales ante el riesgo. A partir de ahí, definimos una función de utilidad con dos argumentos: la valoración sociotrópica prospectiva y la distancia ideológica entre el votante y las diferentes opciones políticas entre las que puede elegir. De este modo, la decisión de voto económico consta de dos etapas: por una parte, el elector atribuye subjetivamente la responsabilidad al gobierno, y por otra, decide su opción de voto en función de la valoración sociotrópica prospectiva y la distancia ideológica. De los contrastes y estimaciones realizados en este estudio se extraen tres grandes conclusiones: i) que no se puede seguir asumiendo que la atribución de la responsabilidad es un supuesto implícito al voto económico; ii) existe una probabilidad subjetiva de que el elector responsabilice al Ejecutivo de la situación económica del país, que afecta su decisión individual y también condiciona el efecto de los factores explicativos del comportamiento electoral, y iii) que la ideología es un argumento de la función de utilidad, que no podemos obviar tal y como tradicionalmente ha hecho la teoría del voto económico.

Abstract:

Until the appearance of the first wave of studies focusing on the hypothesis of the clarity of responsibility, the theory of economic voting implicitly assumed that the government is held responsible for the economic conditions of the country. Departing from previous studies based upon the hypothesis of the clarity of responsibility, in this article we suppose that rational voters have uncertainty at the time of making the government responsible and they are risk-neutral. Then we build a utility function with two arguments: the sociotropic prospective evaluation of economy and the ideological distance between the voter and the competing political options, among which the voter has to choose. This way, the economic voting decision takes place in two stages: On the one hand, the voter subjectively as signs the responsibility to the government. On the ot her hand, she decides her voting option as a function of her sociotropic prospective evaluation and her ideological distance. We derive tree main findings from our model estimates and hypothesis testing: (1) it could not be taken for granted the implicit assumption of responsibility at tribution in economic voting, (2) there is a subjective probability that the voter makes the government responsible for the economic conditions of the country, which in turn affects her individual voting decision, and it also has an impact over the relative effect of factors that explain electoral behavior, and (3) ideology is an argument of the utility function that we can not deny, as the theory of economic voting has typically done.

Palabras clave:
    • responsabilidad;
    • gobierno;
    • elector;
    • voto;
    • economía;
    • función de utilidad;
    • teoría de la decisión.

Introducción

Con la publicación de los primeros estudios fundamentados en la hipótesis de la claridad en la responsabilidad del gobierno se puso fin a un periodo en el que el análisis del voto económico se había caracterizado por suponer que los votantes, con independencia de cuál sea la orientación de su decisión electoral, siempre responsabilizan al Ejecutivo de la circunstancia económica del país. La hipótesis de la claridad de la responsabilidad supone que existen factores de índole institucional que dificultan la capacidad de discernimiento de los votantes, incluso pueden llegar a inhabilitarlo para responsabilizar al gobierno de la situación económica del país y de los cambios que ha experimentado la economía particular o familiar.

En este artículo presentamos un modelo que explica la decisión de voto económico de un elector racional, neutral ante el riesgo y que posee incertidumbre al momento de responsabilizar al Ejecutivo. Este individuo votará al partido del gobierno, siempre y cuando la utilidad esperada sea superior a la que le representa el optar por otra fuerza política, y viceversa.

Para analizar si la atribución o no de la responsabilidad al gobierno condiciona la orientación del voto económico de los españoles procedemos, en primer lugar, a realizar cinco contrastes de diferencias por grupos de electores (dos contrastes de estabilidad y tres de heteroscedasticidad). Si aceptamos que podemos segmentar la muestra, a continuación, estimamos un modelo logit binomial, tanto para el colectivo de electores que atribuyen la responsabilidad al gobierno, como para quienes no responsabilizan al Ejecutivo. En la función logística incluimos seis variables exógenas que reflejan el carácter sociotrópico y egotrópico del voto económico, la refinación de los votantes y la influencia de la heterogeneidad de los electores y otros factores contextuales.

Este artículo se estructura en cuatro secciones. En la sección I revisamos las principales aportaciones de la teoría del voto económico. A continuación planteamos un modelo formal de las preferencias del elector y su especificación econométrica. Posteriormente, presentamos los datos y las variables utilizadas en este estudio (sección III). En la sección IV realizamos un conjunto de contrastes y estimaciones que nos permiten analizar si la atribución o no de la responsabilidad al gobierno condiciona el comportamiento electoral de los españoles. El artículo finaliza con las conclusiones que recogen las aportaciones más relevantes de este estudio.

I. Atribución de la responsabilidad y voto económico: revisión

Desde que en 1966 Key formulara la hipótesis de la regla premio castigo, el análisis del voto económico se ha caracterizado por asumir el supuesto de la atribución de la responsabilidad; es decir, los electores, cuando tienen que votar, implícitamente atribuyen la responsabilidad de la situación económica al gobierno. En el decenio de los noventa este programa de investigación experimentó un cambio radical, cuando comenzaron a publicarse los primeros estudios respecto a la claridad en la atribución de la responsabilidad, que asumían que los votantes no siempre perciben que el Ejecutivo es responsable de la situación económica del país y, por tanto, ello puede condicionar la orientación de su voto.

Con independencia de que los electores sean o no capaces de discernir si el Ejecutivo de la nación es responsable, la teoría de voto económico siempre ha defendido que los individuos son racionales y, por tanto, tienen capacidad para responsabilizar (accountability) a los gobiernos; es decir, una vez que han evaluado la actuación gubernamental, si aprueban la gestión realizada por el Ejecutivo terminarán premiando al responsable; por lo contrario, si desaprueban la acción desarrollada por el gobierno optarán por el castigo (Manin, Przeworski y Stokes, 1990, p. 40).

Otra de las características de la teoría de la atribución de la responsabilidad y el voto económico es la pluralidad de paradigmas que cohabitan en el mismo ámbito científico: el voto retrospectivo y prospectivo, egotrópico y sociotrópico, y las teorías de la refinación política, la heterogeneidad del votante y la claridad en la atribución de la responsabilidad. La formulación inicial de la hipótesis de la responsabilidad y la regla premio-castigo es compatible con la teoría del voto retrospectivo. Según Fiorina (1981), "para determinar si los responsables (incumbents) han tenido buenos o malos resultados (economía del país), los ciudadanos solamente necesitan calcular los cambios en su propio bienestar [...]". Posteriormente, Lewis-Beck (1998) integra la hipótesis de la responsabilidad y la evaluación retrospectiva de la economía del país, reformulando la teoría del voto económico retrospectivo: los electores atribuyen la responsabilidad de la situación económica al Ejecutivo, porque juzgan su acción de gobierno con una visión retrospectiva.

¿Qué sucede cuando los electores racionales no sólo evalúan el pasado sino que también se forman expectativas del futuro económico? Fearon (1998), Kuklinski y West (1981)y Lewis-Beck y Skalaban (1989) se apoyaron en el modelode las expectativas racionales para explicar la decisión final de este votante refinado. Plantean que el voto económico tiene también un carácter prospectivo y que las elecciones no sólo producen responsabilidad, sino que también son un instrumento para seleccionar al mejor de los candidatos (incumbent o challenger). Más allá de que el votante prospectivo sea un individuo refinado, este planteamiento de la teoría del comportamiento electoral postula que sólo existe una élite (minoritaria) de electores que están muy informados y poseen un conocimiento avanzado de la situación económica y política del país; de ahí que Luskin (1987), Sniderman (1993) y Sniderman, Brody y Tetlock (1991) consideren que existen diferentes niveles de refinación en la decisión del votante, que oscilan entre los valores extremos de la alta refinación y la ignorancia absoluta. En lo empírico, Gómez y Wilson (2001) hallan una actitud heterogénea en el carácter refinado del voto: los electores egotrópicos son más refinados que los sociotrópicos, ya que estos últimos suponen que el gobierno es el único responsable, mientras que los primeros consideran que la economía está afectada por la acción de otros actores y fuerzas económicas que escapan del control del Ejecutivo.

El voto económico ¿es retrospectivo o prospectivo?1 Para Downs (1957) la acción de votar es ante todo y principalmente prospectiva, ya que el objetivo de cualquier votante racional es maximizar la utilidad esperada, eligiendo al mejor candidato (incumbent o challenger). Sin embargo, cuando la información disponible es imperfecta, el votan te racional utilizará la información del pasado para formular sus expectativas, con el fin de minimizar el riesgo de su elección. A diferencia de Downs, Lewis-Beck (1998) no constata empíricamente este vínculo entre el voto retrospectivo y prospectivo.

Makuen, Erikson y Stimson (1992) distinguieron dos tipos de votantes que conviven en todo sistema político: los "campesinos", que se distinguen por ser miopes y retrospectivos a la hora de adoptar su decisión electoral, y los "banqueros", que siguen el guión marcado por el modelo de las expectativas racionales y, por tanto, son prospectivos. Por lo contrario, Dorussen y Palmer (2002) diferencian entre electores poco y muy refinados: los primeros muestran un escaso interés por las cuestiones relativas a la política económica, poco conocimiento de la economía nacional (Suzuki, 1991) y utilizan la evaluación retrospectiva como un "atajo" informativo que le ayuda a decidir su voto; sin embargo, los muy refinados no utilizan la evaluación retrospectiva como un mecanismo que les permite minimizar el costo en términos de la información que es necesaria adquirir para adoptar una decisión electoral, sino que la incorporan para formar sus expectativas acerca del futuro de la economía del país.

Hay quienes postulan que la atribución de la responsabilidad es el resultado final de un proceso cognitivo, que puede tener una doble motivación: sociotrópica o egotrópica. Kinder y Kieweit (1981) defienden que el voto económico es sociotrópico, es decir, que los electores premian o castigan al gobierno en función de las condiciones generales de la economía. La principal crítica que se hace a este planteamiento es que supone que los votantes tienen información perfecta y completa, lo cual es un supuesto difícil de confirmar empíricamente; de ahí que la hipótesis del voto económico egotrópico (pocket book) se convirtiera en el paradigma de referencia: son las condiciones económicas personales o familiares las que orientan la regla premio-castigo (Nannestad y Paldam, 1997). Abramovitz, Lanoue y Ramesh (1988) han mostrado que la escolaridad es un factor contextual del voto egotrópico, que condiciona la forma y el modo como los electores responsabilizan a las fuerzas políticas y sociales de su situación económica personal o familiar: a medida que los individuos poseen una mayor formación, éstos están más capacitados para percibir la influencia de las políticas articuladas por el gobierno y los cambios que experimenta su fortuna personal.

En los últimos años del siglo XX y primeros del XXI la teoría de la heterogeneidad se ha revitalizado y está adquiriendo una gran relevancia dentro de este programa de investigación. A comienzos del decenio de los ochenta, cuando aún no se había formalizado conceptualmente esta línea de trabajo, Weatherford (1983) concluye que los electores con baja cualificación reaccionan de una manera más severa ante los cambios que se producen en la circunstancia económica de un país. Desde otra perspectiva científica, Hibbs (1977 y 1987) también analiza la actitud asimétrica de los diferentes grupos: los electores de centro-izquierda están más preocupados por el desempleo, mientras que los de centro-derecha tienen una mayor aversión a la inflación; algo similar se observa cuando se compara el comportamiento de los votantes con ingresos medios-bajos, frente a aquellos que poseen una renta media-alta. Krause (1997) atribuye esta asimetría en la atribución de la responsabilidad a que los electores no disponen de una información homogénea y muestran un interés desigual por las cuestiones económicas y la política en general. Por otra parte, Lin (1999) subraya que el voto económico varía de un país a otro (incluso de una región a otra), de una persona a otra y también a lo largo del tiempo. Duch, Palmer y Anderson (2000) y Duch y Palmer (2002) plantean formalmente que las diferencias entre los grupos de electores, sobre todo en lo que respecta a la búsqueda y procesamiento de la información, genera posiciones sistemáticas al momento de evaluar la economía.

En el decenio de los noventa aparecieron los primeros estudios del voto económico en los que se suponía que los electores no siempre atribuyen correctamente la responsabilidad (hipótesis de la claridad en la responsabilidad).2 Powell y Whitten (1993), sin abandonar los modelos de la elección racional y las expectativas racionales, plantean que el voto económico, como mecanismo efectivo que atribuye responsabilidad al (los) partido(s) que respalda(n) la acción de gobierno, está condicionado por el contexto institucional en el que se desenvuelve el elector: si la responsabilidad del Ejecutivo es clara, el voto económico favorecerá las expectativas electorales del partido del gobierno; por lo contrario, cuando el individuo no percibe con claridad dicha responsabilidad, la fuerza política que respalda al Ejecutivo no se verá beneficiada por esta circunstancia. Con base en todo lo anterior, estos autores clasifican los sistemas políticos en dos grupos: para los que la responsabilidad del (los) partido(s) que respalda(n) al gobierno es evidente (el caso de los gobiernos de un solo partido) y para los que no existe tal claridad (ejemplo, gobiernos de coalición).

A diferencia de Powell y Whitten, Samuels (2004) considera que en los regímenes presidencialistas hay que distinguir si se está analizando la atribución de la responsabilidad en las elecciones presidenciales o legislativas. Linz (1990 y 1994), en su análisis de la legitimidad de los sistemas presidencialistas, concluye que este régimen de organización política tiende a confundir a los votantes a la hora de atribuir la responsabilidad, ya que la autonomía que aparenta el Presidente respecto al Poder Legislativo lo inhibe de casi toda responsabilidad. Persson, Rolan y Tabellini (1997), Samuels y Shugart (2003) y Shugart y Carey (1992) cuestionan las conclusiones de Linz, afirmando que los regímenes presidencialistas facilitan la atribución de la responsabilidad, en la medida en que los electores pueden imputársela tanto al Presidente como a los legisladores.

¿Qué puede inducir al votante a no discernir correctamente la responsabilidad del gobierno? Para Samuels (2004) existen tres factores que explican este fenómeno: i) la falta de una opción política capaz de competir electoralmente con el (los) partido(s) que apoya(n) en el Parlamentoal Ejecutivo; ii) las estrategias que aplican los gobiernos para ocultar información acerca de su responsabilidad, y iii) que el Presidente no se presente a la reelección o no mantenga una vinculación política con alguno(s) de los candidatos que le van a suceder en el poder, impidiendo así que los electores puedan sancionarlo. Otros estudios empíricos destacan la importancia de otros factores contextuales, además de los estrictamente institucionales. Dorussen y Palmer (2002) reclaman la necesidad de incluir las circunstancias electorales como una variable más que condiciona la decisión individual de los electores racionales. Norpoth (2002), por su parte, analizó cómo las circunstancias institucionales específicas de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos influyen en la decisión del voto.

La teoría del voto económico ha sido contrapuesta tradicionalmente a la teoría espacial del voto, según la cual los electores votan en función de la posición ideológica de los partidos y la suya propia. En el marco de esta teoría, electores y partidos aparecen caracterizados por sus respectivas preferencias ideológicas (o programas políticos preferidos) y el problema de decisión del elector se concibe como la minimización de una función de distancia respecto a la opción política votada. Así pues, los electores votarán por los partidos o candidatos que se encuentran a menor distancia de su posición ideológica, en términos de los programas políticos que proponen (Enelow y Hinich, 1984).

II. Atribución de la responsabilidad, percepción de las condiciones de la economía e incertidumbre: marco teórico y econométrico

Con carácter general, cualquier decisión electoral que adopta un elector racional se produce en condiciones de incertidumbre, ya que no conoce a priori las consecuencias de las diferentes acciones que puede adoptar. En ese sentido, cuando un individuo manifiesta su intención de voto suele enfrentar dos tipos de incertidumbre: la que proviene de las condiciones económicas del país (pasado, presente o futuro) y la que procede de tener que valorar la responsabilidad del gobierno. La incertidumbre respecto al estado de la economía es producto de que la información disponible es incompleta, pues como puso de manifiesto Downs (1957), el proceso óptimo de búsqueda de información finaliza cuando la utilidad marginal de una unidad adicional es igual al costo marginal de adquirir y procesar esa información. La incertidumbre en la atribución de la responsabilidad proviene de los mecanismos institucionales que hacen que los electores no tengan claro quién es el responsable de la situación económica,3 ya que pueden existir múltiples factores causales en la determinación de las condiciones económicas que observa el elector (Aidt, 2000; Whitten y Palmer, 1999).

Dadas ambas fuentes de incertidumbre, suponemos que los electores tienen una información forzosamente parcial de la economía del país y de otras variables relevantes (Iyengar, 1990) y que enfrentan un problema de decisión en el que la utilidad esperada depende de dos parámetros inciertos (la coyuntura económica del país y la atribución de la responsabilidad al gobierno), de los cuales no tienen información a priori, pero que ha de incorporar de manera explícita en su función de utilidad. Por otra par te, los electores y los partidos políticos tienen preferencias ideológicas, por lo que la utilidad de la elección dependerá igualmente de la distancia ideológica respecto al partido que resulta elegido.

1. Incertidumbre en el estado de la economía con atribución implícita de la responsabilidad

Suponemos, para simplificar, que en cada momento del tiempo existen dos estados posibles de la economía del país, mutuamente excluyentes y extensos, que el elector percibe: (fase expansiva del ciclo económico) y (etapa de estancamiento o recesión). Si la información del proceso político es incompleta, el votante no puede anticipar directamente la situación económica del país para el futuro. El elector sólo posee indicios o pistas respecto al ciclo económico. A partir de estos indicios, el individuo racional únicamente puede asignar una probabilidad subjetiva al panorama y a . Por el momento, el elector está atribuyendo de modo implícito la responsabilidad del estado de la economía al gobierno apoyado por el partido , por lo que es una probabilidad condicional a que el partido en el gobierno continúe en el poder. Simétricamente las probabilidades para y en el caso de que el partido en el poder sea remplazado por un partido en la oposición vendrían dadas por y , respectivamente. Dado el supuesto de atribución implícita de la responsabilidad de la situación económica al gobierno, y añadiendo el supuesto de que los partidos difieren en la orientación de su política económica, se cumple que .

En este planteamiento suponemos que, de acuerdo con el modelo de Downs (1957), los electores emplean la información de que disponen acerca de la gestión del partido en el gobierno para formar sus probabilidades subjetivas de los diferentes estados de la economía. De otro lado, a pesar de que los electores no disponen de información directa de la competencia de los partidos de la oposición en la gestión económica, todavía pueden formar sus probabilidades subjetivas del estado de la economía a partir de experiencias de gobierno en periodos anteriores y del estudio de los programas políticos de cada partido. Este supuesto garantiza que y existen y están definidas para cada partido del sistema político.

Dado que todo elector posee información del programa político propuesto por cada uno de los partidos, así como de sus preferencias ideológicas, los electores ubican a los partidos en el espectro ideológico y calculan la distancia ideológica entre ellos mismos y los partidos. Para el caso de un partido en el gobierno y partidos en la oposición, podemos definir medidas de distancia ideológica para el elector : (distancia ideológica con el partido en el gobierno) y (distancia ideológica con el partido de la oposición), en la que y , es la posición ideológica del elector, denota la posición ideológica del partido en el gobierno e representa la posición ideológica del partido de la oposición.

En el supuesto adicional de utilidades aditivamente separables y una función de utilidad homogénea de grado 1 en y , podemos definir la función de utilidad esperada para un elector cualesquiera, en el caso de que el partido en el gobierno continúe en el poder, como:

Simétricamente, con los mismos supuestos, la utilidad en el caso de que el partido en el gobierno fuera remplazado por el partido , para el mismo elector , vendría definida por:

Proposición 1: En el supuesto de atribución implícita de la responsabilidad al gobierno, un elector cualesquiera, racional y neutral ante el riesgo, votará por el partido en el gobierno si y sólo si: .

Cuando hay una atribución implícita de la responsabilidad al partido en el gobierno, la decisión del elector de votar o no a dicho partido depende de la competencia de éste para gestionar la economía en relación con la competencia del resto de los partidos y de la distancia ideológica del votante respecto al partido en relación con la distancia ideológica de aquél respecto al resto de los partidos. En sistemas de partidos en que la polarización ideológica sea relativamente baja (tal como pronostica el modelo de Downs, 1957) y el electorado esté distribuido de manera normal en el continuum ideológico, la decisión de voto de los electores estará determinada fundamentalmente por la competencia relativa atribuida a los partidos en la gestión de la economía, es decir, por la probabilidad relativa que los electores asignan a un ciclo económico expansivo según el gobierno de cada uno de los partidos. En el caso extremo, cuando un elector se encuentra en una posición equidistante entre dos partidos, la preferencia por uno de ellos vendrá determinada exclusivamente por las probabilidades asignadas a cada estado de la economía en el caso de que uno de ellos llegue al poder.

2. Incertidumbre en el estado de la economía con atribución incierta de la responsabilidad

Hasta ahora hemos supuesto que el elector atribuye implícitamente la responsabilidad al gobierno, tal y como supone la teoría del voto económico (Whitten y Palmer, 1999). Pero ¿qué sucederá cuando el votante considera que la situación económica es producto de numerosos factores que no pueden observarse directamente? En este punto introducimos el supuesto adicional de que el elector racional tiene incertidumbre respecto a la responsabilidad a la hora de decidir su voto. Al igual que ocurre con la percepción de la situación económica del país, el votante refinado percibe la responsabilidad del Ejecutivo a partir de los indicios que observa en el entorno económico. En ese sentido, existe una probabilidad subjetiva de que el elector atribuya la responsabilidad de la situación económica al partido en el gobierno, y una probabilidad de que no lo responsabilice directamente. Suponemos que es constante a corto plazo, dado que los factores que condicionan la situación económica no se espera que cambien en el corto plazo en sistemas político-económicos relativamente consolidados, como es el caso español. Esto implica que es una probabilidad constante para todos los partidos.

Cuando el partido en el gobierno no es responsable de la situación económica, la utilidad que obtiene el elector de que dicho partido se mantenga en el poder depende exclusivamente de la distancia ideológica, puesto que la probabilidad para cada uno de los estados posibles de la economía no estará condicionada por el partido que se encuentre en el poder. Así pues, para el caso de la atribución incierta de la responsabilidad, podemos reescribir la función de utilidad esperada del elector , en el caso de que el partido continúe en el gobierno:

Simétricamente, según los supuestos anteriores, la utilidad que obtiene el elector en el caso de que el partido en el gobierno fuera remplazado por el partido , vendría definida por:

Proposición 2: En el supuesto de incertidumbre en la atribución de la responsabilidad por la situación económica al partido en el gobierno, un elector cualquiera, racional y neutral ante el riesgo, votará por el partido en el gobierno si y sólo si: .

El resultado anterior implica que, conforme la atribución subjetiva de la responsabilidad al gobierno es menor, la decisión de voto pasa a depender en mayor medida de la distancia ideológica entre los partidos, en detrimento de la competencia para gestionar la economía que el elector atribuye a cada partido. Dicho de otra manera, en la medida en que el estado de la economía es un suceso independiente del partido en el gobierno, entonces las probabilidades para cada situación económica, condicionadas al partido en el gobierno, son equivalentes a las probabilidades totales, por lo que las expectativas de la situación económica no cambian en función del partido en el gobierno.

En nuestro planteamiento la decisión de voto del elector consta de dos etapas. En la primera de ellas el elector estima las probabilidades subjetivas de que el partido en el gobierno sea efectivamente responsable por la situación económica. En la segunda el elector evalúa las probabilidades de cada estado de la economía con otros gobiernos y se posiciona ideológicamente, calculando la distancia que lo separa respecto a cada opción política. A partir de ahí, decide votar por aquel partido que le proporciona la mayor utilidad esperada.

Al momento de contrastar el modelo de atribución incierta de la responsabilidad con el modelo de atribución implícita analizamos dos situaciones extremas: el caso de la atribución cierta de la responsabilidad y el caso en el que el elector no atribuye responsabilidad alguna al partido en el gobierno por el estado de la situación económica . Si , de acuerdo con la proposición 2 ; es decir, en una situación de certeza los resultados de la proposición 2 coinciden con el modelo de atribución implícita de la responsabilidad, por lo que éste sería un caso particular del modelo de atribución incierta. Si , de acuerdo con la proposición 2, . En esta situación, la decisión de voto del elector depende exclusivamente de la distancia respecto a cada uno de los partidos. Por otra parte, dado que puede variar entre electores, el modelo de la atribución implícita de la responsabilidad deja de ser válido para un conjunto del electorado, en la medida en que no discrimina entre diferentes niveles de atribución de la responsabilidad que darán lugar a pautas de decisión de voto diferentes.

Como corolario de todo lo relatado en este epígrafe se extrae que la decisión de voto de los electores que atribuyen la responsabilidad con certeza difiere respecto a quienes no responsabilizan al gobierno. Una vez que los electores atribuyen de manera consciente la responsabilidad al partido en el gobierno, con una probabilidad subjetiva , se forman expectativas acerca de la situación económica prospectiva del país en función del partido que gobierne y se posicionan ideológicamente respecto a cada uno de los partidos o coaliciones. Por tanto, la influencia de la valoración sociotrópica prospectiva en la decisión de voto estará condicionada a que efectivamente el elector atribuya la responsabilidad al gobierno, lo cual contradice el supuesto fundamental de la teoría del voto económico: la atribución de la responsabilidad es implícita a la decisión de voto.

3. Especificación econométrica del modelo

La utilidad que un elector obtiene de la situación económica prospectiva del país y de la distancia ideológica con el partido al que vota no es observable, pero si conocemos si la utilidad esperada por votar al partido del gobierno es mayor o menor que la esperada de votar a otra opción política4 . De ahí que especifiquemos el siguiente modelo que explica la decisión de voto:5

en el que es la variable endógena que toma el valor 1 si el elector votó al partido del gobierno, y 0 si decide por otra opción política.

A partir de la expresión (3) calculamos la probabilidad de que el elector decida votar al partido del gobierno :

en la que es la función de distribución que se asocia al proceso de decisión electoral, representa el vector de variables explicativas que reflejan las características de los votantes y los atributos de las dos opciones entre las que ha de elegir el elector , son los coeficientes a estimar y es el término de error.

Si suponemos que la distribución acumulada de es logística (modelo logit), entonces podemos expresar la ecuación (4) así:

La interpretación de los coeficientes estimados se realiza a partir de la derivada parcial de , respecto a la variable explicativa k-ésima :

III. Variables y datos

Las variables y los datos utilizados para estimar el modelo logit binomial (5) proceden del estudio 2307 del Banco de Datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). A partir de esta base de datos se han generado dos submuestras de electores: los que atribuyen la responsabilidad al gobierno y quienes no responsabilizan al Ejecutivo. La variable endógena de nuestro modelo es una variableficticiao dicotómica (dummy) que representa la orientación del voto económico de los españoles: 1 si el elector vota al partido de gobierno, es decir, al Partido Popular (PP), y 0 si vota por otra opción política.

También hemos incluido seis variables exógenas que reflejan el carácter sociotrópico y egotrópico del voto económico, la refinación de los votantes españoles y el efecto de la heterogeneidad de los electores y otros factores contextuales en el comportamiento electoral. Para analizar el carácter sociotrópico del voto económico hemos considerado dos variables explicativas: la evaluación retrospectiva y prospectiva de la situación económica del país. La primera variable toma el valor −1 cuando el elector opina que la situación actual es peor, si se compara con la coyuntura económica del año anterior, adopta el valor 0 si afirma que la situación sigue igual y toma el valor 1 cuando opina que la situación actual es mejor que la pasada. La evaluación prospectiva de la situación económica del país adopta el valor −1 si el elector opina que dentro de un año la economía del país estará peor que en la actualidad, 0 cuando afirma que no experimentará cambios y 1 si opina que mejorará.

Respecto al voto económico egotrópico también diferenciamos entre la evaluación retrospectiva y prospectiva. La primera variable adopta el valor −1 cuando el elector opina que la situación económica particular o familiar ha empeorado, si se compara con la de un año antes, 0 si percibe que nada ha cambiado y 1 si considera que su situación económica familiar ha mejorado a lo largo del pasado año. La evaluación prospectiva de la situación familiar adopta el valor −1 cuando el elector percibe que la economía familiar va a empeorar en el próximo año, 0 si opina que la coyuntura económica particular no experimentará cambios y 1 si considera que la coyuntura económica familiar va a mejorar.

Además de las variables sociotrópicas y egotrópicas también incluimos dos variables explicativas que reflejan la heterogeneidad del elector: la escolaridad y la ideología. En la primera variable se han diferenciado cuatro niveles: estudios básicos, primarios,... (0), bachiller elemental, superior y formación profesional (1), estudios diplomados, arquitectura e ingeniería técnica (2) y licenciados, posgrado y doctores (4). La ideología es una variable discreta que varía entre −4 (es la posición que ocupa el votante de extrema izquierda) y el valor 4 (es el punto del espectro ideológico en el que se ubica el elector de extrema derecha).7 Además de la educación y la ideología también especificamos otros factores explicativos que reflejan la heterogeneidad de los votantes españoles: la edad8 y la actividad.9 Al final, fueron eliminados por razones estrictamente estadísticas, ya que no eran significativas a nivel individual.

Junto a las variables explicativas anteriores también incluimos tres factores contextuales del entorno político: la evaluación retrospectiva y prospectiva de la situación política del país y el liderazgo del Presidente del gobierno. La primera variable toma el valor −1 cuando el elector opina que la situación actual es peor, si se compara con la coyuntura política del año anterior, adopta el valor 0 si afirma que la situación sigue igual y toma el valor 1 cuando opina que la situación actual es mejor que la pasada. La evaluación prospectiva de la situación política del país adopta el valor −1 si el elector opina que dentro de un año el entorno político del país estará peor que en la actualidad, 0 cuando afirma que no experimentará cambios y 1 si opina que mejorará. El liderazgo del Presidente del gobierno es una variable discreta que varía entre 0 (valor mínimo) y 10 (valor máximo). Estas tres variables del entorno político también fueron eliminadas por razones estrictamente estadísticas, ya que no eran significativas a nivel individual y, además, generaban un problema de sobreparametrización del modelo.

No podemos concluir este apartado sin hacer una breve referencia a los datos utilizados. Como se dijo al inicio de este apartado, los 947 individuos que conforman la muestra seleccionada (841 electores atribuyen la responsabilidad al gobierno y 106 votantes no responsabilizan al Ejecutivo) se han seleccionado del estudio 2307 del CIS. Se trata de una encuesta de ámbito nacional realizada en octubre de 1998, con un tamaño de 2 490 entrevistas. El procedimiento de muestreo utilizado por el CIS es polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades muestrales finales por vías aleatorias.

IV. Atribución de la responsabilidad y voto económico

El objetivo en esta sección es analizar si la atribución o no de la responsabilidad al gobierno de la nación condiciona la orientación del voto económico, adoptando como referencia empírica el caso de España. Ello nos obliga a realizar, en primer lugar, algunos contrastes con el fin de diagnosticar si existen diferencias significativas entre aquellos que responsabilizan al Ejecutivo de la situación económica y quienes no lo hacen. Si aceptamos la hipótesis de que ambos grupos presentan un comportamiento electoral diferenciado, entonces procederemos a estimar por separado el modelo logit binomial (5) de ambos colectivos.

Como se dijo en la sección anterior, los datos utilizados proceden de una encuesta realizada en octubre de 1998. Ese año tuvo una importancia singular para la economía española, ya que en mayo se aprobó la participación de España (junto con otros diez países europeos) en la Unión Económica y Monetaria (UEM). La incorporación al núcleo de fundadores de la UEM, tras haber cumplido satisfactoriamente los criterios de convergencia establecidos, fue un éxito muy importante. Transcurridos los dos primeros años de la legislatura la economía estaba en una fase expansiva: desde 1996 el PIB crecía a tasas interanuales superiores a 3%, el desempleo había descendido a un ritmo interanual de casi 3%, el déficit público en términos del PIB se situó por debajo de −2% y la tasa de interés practicada por la autoridad monetaria era inferior a 3%. El Fondo Monetario Internacional (1996) certificaba en su informe anual la capacidad del gobierno de España para consolidar el proceso de recuperación que comenzó en la segunda mitad de 1996, distanciándose y diferenciándose así de otros países de su entorno.

1. Contrastes de diferencias por grupos de electores: Votantes que atribuyen la responsabilidad al gobierno y quienes no lo hacen

Para diagnosticar si existen diferencias entre las submuestras de electores que atribuyen la responsabilidad al gobierno y quienes no responsabilizan al Ejecutivo, planteamos dos contrastes de estabilidad: el de la distribución F, cuando el vector de parámetros de los dos grupos son diferentes (Chow, 1960),10 y el de la distribución F predictivo, cuando el número de observaciones es insuficiente para estimar las regresiones de ambos grupos por separado (Fisher, 1970).11 Para realizar este último contraste suponemos que la varianza es la misma en las regresiones estimadas con las dos submuestras de electores; pero si este supuesto no se verifica, entonces el modelo restringido será heteroscedástico y es muy probable que sobreestimenos el nivel de significación del contraste F predictivo (Schmidt y Sic kles, 1977; Ohtani y Toyoda, 1985, y Toyoda y Ohtani, 1986). Si la muestra es grande, una manera de resolver el problema es realizar el contraste de heteroscedasticidad por grupos de Davidson y MacKinnon (1985),12 a partir de los estadísticos cociente de verosimilitud, multiplicador de Lagrange y Wald (Greene, 1999).

El contraste F pone de manifiesto que no existen diferencias significativas entre los electores que atribuyen la responsabilidad al gobierno y quienes no lo hacen (cuadro 1). Por lo contrario, la prueba F predictiva concluye todo lo contrario, es decir, que el comportamiento electoral de ambos grupos sí es diferente. Al igual que los contrastes de estabilidad, las pruebas de heteroscedasticidad por grupos tampoco son unánimes en la diagnosis: el estadístico multiplicador de Lagrange nos lleva a aceptar la hipótesis de homoscedasticidad, mientras que las pruebas cociente de verosimilitud y Wald evidencian todo lo contrario, es decir, que existe heteroscedasticidad por grupos de electores.

Contrastes de diferencias por grupos de electores: Votantes que atribuyen la responsabilidad al gobierno y quienes no responsabilizan al Ejecutivo
a

El valor de estos estadísticos se calcula a partir de la estimación del modelo probit homoscedástico y heteroscedástico (por grupos) del voto económico en España (cuadro A1).

2. Análisis del voto económico

A partir de los contrastes realizados en la subsección anterior hemos procedido a dividir la muestra en dos grupos: los electores que atribuyen la responsabilidad de la situación económica al gobierno y quienes no lo hacen. Ambas submuestras son homogéneas, si bien es cierto que entre quienes atribuyen la responsabilidad hay más electores que manifiestan su predisposición a votar al partido en el gobierno (44.8%); mientras que en el otro grupo las expectativas de voto del PP no superan 40.6 por ciento.

Por otro lado, quienes atribuyen responsabilidad al gobierno también tienden a tener una mejor opinión de la situación económica familiar y nacional, tanto retrospectiva como prospectiva. El 52.7% de los que atribuyen la responsabilidad al Ejecutivo piensan que su situación económica familiar futura será mejor, sin embargo, este porcentaje desciende hasta 44.3 en el colectivo que no responsabiliza al gobierno. Del mismo modo, 40.8% de los que atribuyen la responsabilidad al Ejecutivo manifiestan que la situación económica del país será mejor dentro de un año; por lo contrario, entre quienes no responsabilizan al gobierno sólo 26.4% de los encuestados opina lo mismo. Los grupos de electores que atribuyen la responsabilidad al gobierno y quienes no lo hacen también son homogéneos en cuanto a la distribución por escolaridad y su posición ideológica, siendo el valor modal de ambas variables el colectivo que posee estudios secundarios y se autocalifica de centro (valor 0 de la escala del espectro ideológico).

Para la estimación del modelo logit binomial (5) utilizamos el método de máxima verosimilitud. Optamos por aplicar el algoritmo de Newton para resolver el problema de maximización de la función de verosimilitud, dado que ésta es cóncava. En el grupo que atribuye la responsabilidad al gobierno se necesitaron 11 interacciones para alcanzar el óptimo, mientras que en el caso de quienes no lo responsabilizan fueron necesarias 14 interacciones (cuadro 2).

Modelo logit del voto económicoa
a

Entre paréntesis aparece el error estándar de los coeficientes estimados. *, ** y *** denotan el nivel de significación (ρ−value) de 1, 5 y 10%, respectivamente.

Los resultados de las estimaciones muestran que las valoraciones de la situación económica familiar retrospectiva y prospectiva no son significativas en ninguna de las submuestras (cuadro 2). A diferencia de la valoración egotrópica, los coeficientes estimados de las demás variables explicativas corroboran que existen diferencias en el comportamiento electoral de ambos grupos de electores, como se infiere del análisis de los niveles de significación individual de los coeficientes estimados: en el caso de quienes atribuyen la responsabilidad todas las variables explicativas son significativas, excepto la valoración egotrópica (retrospectiva y prospectiva); sin embargo, entre quienes no atribuyen la responsabilidad al gobierno las únicas variables que afectan significativamente la decisión de los electores son la escolaridad y la ideología. Las diferencias en el comportamiento electoral de los dos colectivos también se manifiestan en el signo del coeficiente estimado de la valoración retrospectiva de la situación económica familiar y la escolaridad: en el caso de quienes atribuyen la responsabilidad al gobierno la probabilidad de votar al partido en el gobierno aumenta a medida que los electores poseen una mayor escolaridad; por lo contrario, entre los que no responsabilizan al Ejecutivo, las expectativas electorales del PP disminuyen.

Al margen de las pruebas de significación individual hemos realizado tres contrastes de especificación: i) omisión de variables relevantes, ii) significación de un subconjunto de coeficientes y iii) heteroscedasticidad subyacente por grupos de electores. Para el contraste de omisión de variables calculamos los estadísticos del multiplicador de Lagrange, Wald y cociente de verosimilitud, incluyendo en el modelo logit binomial otros factores explicativos del entorno político (la valoración retrospectiva y prospectiva de la situación política del país y el liderazgo del Presidente del gobierno) y una variable adicional que refleja la heterogeneidad del votante (la actividad del elector). De este contraste se infiere que no incurrimos en ningún error de especificación al no incluir estos factores explicativos en las estimaciones realizadas para ambas submuestras de electores.13

Para contrastar la significación conjunta de las variables explicativas utilizamos la prueba de Wald. A la luz de este contraste se concluye que no podemos omitir, en bloque, las variables explicativas relativas al voto sociotrópico (retrospectivo y prospectivo), la refinación del elector, la heterogeneidad del votante y el efecto del entorno político en la orientación del comportamiento electoral.14

Como reseñamos líneas arriba, el análisis de la especificación del modelo estimado culmina con el contraste de heteroscedasticidad subyacente por grupos.15 Calculamos la prueba del multiplicador de Lagrange para los 25 grupos de electores que se pueden configurar a partir de las variables explicativas especificadas. En ninguno de los casos podemos aceptar la hipótesis de heteroscedasticidad.16 Además de los contrastes de especificación, también realizamos una prueba de multicolinealidad, basado en el número de condición Belsley (cuadro 2). El valor de este estadístico pone de manifiesto que no existe multicolinealidad entre las variables explicativas de los modelos logit estimados.

También contrastamos la solidez de las estimaciones realizadas, adoptando como referencia otro modelo paramétrico de elección discreta binaria: el probit. En el caso de quienes atribuyen la responsabilidad al gobierno el signo de los coeficientes individuales estimados coincide, excepto en el caso de la valoración egotrópica retrospectiva, aunque la magnitud de los mismos difiere (cuadro A2 del apéndice). Sin embargo, en la submuestra de los que no responsabilizan al Ejecutivo, el signo de los coeficientes individuales coincide, pero al igual que en el caso anterior la magnitud también es diferente.

No podemos finalizar la evaluación de las estimaciones realizadas sin analizar la bondad de los ajustes. En la submuestra de quienes atribuyen la responsabilidad el índice del cociente de verosimilitud es igual a 0.52, la función estimada predice correctamente 85.25% de las observaciones y el índice de predicción intuitivo, para el valor 0 de la variable endógena,17 es igual a 44.77% (cuadro 2). En el caso de quienes no responsabilizan al Ejecutivo, estos tres indicadores de bondad del ajuste alcanzan los valores de 0.44, 83.96 y 60.37%, respectivamente.

De los contrastes analizados en la subsección IV.1 se concluye que existen diferencias entre la submuestra de votantes que atribuye la responsabilidad al gobierno y quienes no responsabilizan al Ejecutivo de la nación, evidenciándose así la primera hipótesis que planteamos en la sección II de este artículo: no debemos asumir que el elector, cuando aplica la regla premio-castigo, atribuye de manera implícita la responsabilidad de la situación económica al gobierno; por tanto, existe una probabilidad , de que el elector i-ésimo responsabilice de manera consciente al Ejecutivo. Si exploramos la información adicional que incorpora el estudio 2307 del CIS, constatamos que la pertenencia de España a la Unión Europea (UE) es una razón de carácter institucional que justifica por qué los votantes no atribuyen de manera implícita la responsabilidad al gobierno de la nación: 79.5% de los individuos afirman que la pertenencia de España a este ámbito de carácter supranacional es un factor determinante para explicar lo que sucede en la economía del país; simultáneamente, 36.3% de quienes no responsabilizan al gobierno español consideran que son las decisiones y las políticas articuladas desde el ámbito de la UE la única causa que explica la situación coyuntural de la economía; por lo contrario, 62% de quienes no responsabilizan a las instituciones de la UE afirman que es el gobierno de España el único responsable de la situación económica.

Las estimaciones realizadas para el caso de España también confirman la segunda hipótesis pertinente que planteamos en la sección II: la atribución consciente de la responsabilidad afecta la probabilidad de votar (o no) al partido en el gobierno y, por tanto, condiciona la orientación del voto económico. Una vez aceptada la hipótesis de que existen diferencias significativas entre los que responsabilizan al Ejecutivo y quienes no lo hacen, estimamos un modelo logit binomial (5) para cada una de las submuestras de electores y simulamos las expectativas de voto del partido en el gobierno, en relación con el resto de las opciones políticas que compiten con él, con diferencias significativas entre ambos grupos: en el caso de quienes atribuyen la responsabilidad al gobierno de la nación, la probabilidad de que un elector i-ésimo vote al PP supera el 46%, mientras que entre el colectivoque no responsabiliza al Ejecutivo, este porcentaje desciende hasta 38.20.

El hecho de que en España el elector i-ésimo atribuya de manera consciente, con una probabilidad , la responsabilidad al gobierno de la nación, también condiciona el efecto de los factores explicativos del comportamiento electoral. Si se analiza el cuadro 2 se infiere que el votante que atribuye la responsabilidad es refinado, racional y muestra un comportamiento electoral heterogéneo. Efectivamente, decimos que el elector español es refinado, dado que a la hora de adoptar su decisión realiza una evaluación sociotrópica, tanto retrospectiva como prospectiva, de la situación económica del país: la probabilidad de voto del PP aumenta 0.0877 y 0.1067, a medida que el elector considera que la economía ha mejorado respecto al año anterior (retrospectiva) y tiene expectativas de que aún mejorará a lo largo del próximo ejercicio (prospectivo), respectivamente (cuadro 3).18 No obstante, en el elector español predomina el carácter "banquero" respecto a la manera de actuar "campesina" (Makuen, Erikson y Stimson, 1992).

Efectos marginales del voto económicoa
a

Entre paréntesis aparece el error estándar de los efectos marginales estimados. *, ** y *** denotan el nivel de significación (ρ−value) de 1, 5 y 10%, respectivamente.

Desde la perspectiva de la teoría del voto económico, el votante español que atribuye la responsabilidad al gobierno es racional, ya que maximiza su utilidad responsabilizando (accountability) al gobierno: lo premia, en la medida que aprueba la gestión realizada y lo castiga votando al competidor, si desaprueba la acción desarrollada. Como dijimos líneas arriba, el elector español que atribuye la responsabilidad al gobierno también tiene un comportamiento heterogéneo, que viene determinado por dos factores explicativos: la escolaridad y la ideología. La probabilidad de voto del PP aumenta 0.0343, a medida que los votantes poseen una mayor escolaridad (cuadro 3).

La ideología es la variable explicativa que más condiciona la orientación individual del voto económico de los españoles: a medida que los votantes que responsabilizan al Ejecutivo se ubican infinitesimalmente más hacia la derecha del espectro ideológico, las expectativas de voto del PP aumentan 0.5338; y viceversa, cuando el individuo se sitúa más hacia la izquierda (cuadro 3). A diferencia de Kinder y Kieweit (1981), podemos concluir que la aplicación de la regla premio-castigo que realizan los electores españoles que atribuyen la responsabilidad al gobierno es el resultado final de un proceso que se basa en un factor que refleja la heterogeneidad de los votantes (la ideología) y tiene una motivación objetiva (valoración sociotrópica de la economía). También hemos descubierto que la evaluación egotrópica retrospectiva y prospectiva no es significativa al explicar el voto económico de los que responsabilizan al Ejecutivo.

Las estimaciones del modelo logit binomial (5) prueban que los electores que no responsabilizan al Ejecutivo de la situación económica del país, contrariamente a lo que podría inferirse del axioma de sustitución, tienen un comportamiento electoral muy diferente, si se compara con la actitud política de quienes atribuyen la responsabilidad al gobierno. No son votantes sociotrópicos ni egotrópicos y, por extensión, tampoco podemos afirmar que sean electores refinados, en tanto que su decisión electoral no se fundamenta en la evaluación retrospectiva y prospectiva de la economía del país. Sólo podemos inferir que se trata de un votante heterogéneo, cuya decisión está determinada fundamentalmente por la ideología y, en menor medida, por la escolaridad (cuadro 2). A medida que el elector se ubica, infinitesimalmente, más a la derecha del espectro ideológico la probabilidad de voto del partido PP sólo aumenta 0.2825, y viceversa, cuando se sitúa más hacia la izquierda (cuadro 3).

A diferencia de lo que sucedía en el caso de quienes atribuyen la responsabilidad al gobierno, la escolaridad es una variable explicativa que perjudica la esperanza electoral del partido en el gobierno, cuando los electores no responsabilizan al Ejecutivo de la situación económica del país: la probabilidad de voto del PP disminuye -0.1360 a medida que el votante posee una mayor formación (cuadro 3).

Conclusiones

La teoría del voto económico ha ido decantando un modelo complejo que explica la decisión de un elector racional, basado en el supuesto de que éste atribuye de manera implícita la responsabilidad de la situación económica al gobierno. Si bien dicho modelo ha funcionado de manera aceptable en muy diferentes contextos económicos, políticos e institucionales, como muestra el gran volumen que representa la bibliografía del tema, lo cierto es que existe un déficit de formalización teórica en este planteamiento que afecta algunos de sus supuestos esenciales. En este trabajo nos hemos centrado en la cuestión de la atribución de la responsabilidad al gobierno como una variable implícita, con el objetivo demostrar que dicha variable no puede darse por supuesta.

Teóricamente hemos mostrado que el grado de atribución de la responsabilidad al gobierno condiciona la influencia de la situación económica prospectiva en la decisión de voto. Sólo cuando los electores atribuyen la responsabilidad al Ejecutivo, ésta puede condicionar su decisión de voto. Si los electores piensan que el gobierno no es responsable, entonces su decisión de voto no estará condicionada por las expectativas acerca de la situación económica, pero sí se verá influenciada por la distancia ideológica con el programa político propuesto por los diferentes partidos. Esta conclusión es incompatible con la premisa básica de la teoría del voto económico, según la cual la percepción de la situación económica condiciona la decisión de voto porque los electores están atribuyendo implícitamente la responsabilidad al partido en el gobierno. Como ha quedado probado, esta hipótesis sólo es válida para los electores que tienen certeza de la responsabilidad de la situación económica, siendo éste un caso particular de una teoría general en la atribución incierta de la responsabilidad, cuyas consecuencias es necesario seguir estudiando teórica y empíricamente.

Como se infiere de la proposición 2, los electores que atribuyen con certeza la responsabilidad al partido en el gobierno fundamentan su decisión de voto en la valoración prospectiva y retrospectiva de la situación económica, a la vez que tienen en cuenta la distancia ideológica con el partido en el gobierno. Estos electores consideran tanto la situación prospectiva como retrospectiva de la economía, dado que la información retrospectiva es también un indicador de la competencia del partido en la gestión económica (Downs, 1957). Por lo contrario, los que no atribuyen la responsabilidad al partido en el gobierno no tienen en cuenta la evaluación de la situación económica futura a la hora de votar, ni tampoco la percepción de la situación económica en el pasado condiciona sus preferencias electorales. Para estos electores, la decisión de votar o no por el partido en el gobierno depende, sobre todo, de la distancia ideológica relativa respecto a las diferentes opciones políticas. Por este motivo, es preciso diferenciar entre los electores que atribuyen o no la responsabilidad al gobierno, puesto que sus pautas de decisión electoral difieren considerablemente. En esencia, sólo podremos hablar de voto económico entre el grupo de los que atribuyen la responsabilidad, dado que es la única porción del electorado que tiene en cuenta las variables económicas al momento de adoptar su decisión. En el grupo que no atribuye la responsabilidad no se produce voto económico, puesto que la percepción de la situación económica no influye en su comportamiento electoral.

Los resultados empíricos de este estudio muestran que los electores responsabilizan al Ejecutivo conscientemente y, por tanto, no se puede seguir manteniendo que se trata de una acción implícita que no influye en la decisión de los votantes, como defiende la teoría tradicional del voto económico. Es obvio que la atribución o no de la responsabilidad no genera una utilidad directa para el elector, pero sí es necesario incorporarla como un efecto indirecto que influye en la función de utilidad del votante, como se infiere de los resultados empíricos relatados en la sección anterior. Así pues, consideramos que es necesario replantear la regla premio-castigo incorporando la atribución de la responsabilidad como un factor que condiciona la decisión de voto económico.

En segundo lugar hemos constatado que la atribución de la responsabilidad no sólo afecta a la decisión del votante sino que también condiciona el efecto de los factores que explican el comportamiento electoral. Por último, hemos probado que la ideología es un argumento de la función de utilidad del votante que la teoría tradicional del voto económico había obviado y que nosotros hemos comprobado que es clave para explicar el comportamiento electoral de los que no responsabilizan al Ejecutivo de la situación económica del país.

Del marco teórico planteado en la sección II y de los resultados empíricos relatados en la IV se infiere que la teoría del voto económico ha de derivar hacia el conocimiento de los mecanismos cognitivos que operan en el elector y en los procesos mentales que intervienen en su decisión. Dado el carácter selectivo y restringido de la información que poseen y utilizan los individuos a la hora de decidir su voto (Iyengar, 1990), no parece apropiado continuar planteando modelos basados sólo en el supuesto de racionalidad perfecta del elector (Brennan y Hamlin, 1998), es decir, suponiendo que el votante adopta la decisión que le permite maximizar su utilidad. En esta necesidad de conocer los mecanismos cognitivos del elector pueden ser más útiles modelos que no exigen al elector una racionalidad perfecta y le permiten desarrollar un juicio de manera secuencial, al estilo de los modelos de la racionalidad limitada.

Clasificación JEL: A12, C70.

Agradecimientos

  • Los autores agradecen las sugerencias realizadas por dos dictaminadores anónimos de EL TRIMESTRE ECONÓMICO a la primera versión del artículo y a la revista por su disponibilidad a publicar este artículo en el que se analiza el voto económico en España. Igualmente agradecen la financiación recibida para la realización de este trabajo por parte de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (ref:SOCH1.05/003), así como de la CICYT de España (ref:SEJ2005-25689-E).

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Apéndice1. Demostración de las proposiciones 1 y 22. Contraste de heteroscedasticidad por grupos de Davidson y MacKinnon3. Modelo probit homoscedástico y heteroscedástico (por grupos) del voto económico en España4. Modelo probit del voto económico en España

Demostración de la proposición 1. De la expresión (3) se infiere que un elector votará al partido en el gobierno, si y sólo si

Si sustituimos las ecuaciones (1a) y (1b) en la expresión anterior, obtenemos:

Dado que la función de utilidad del elector es aditivamente separable y homogénea de grado 1 en , y , entonces la ecuación (A2) se puede expresar así:

Si operamos en la expresión (A3), deducimos que:

Demostración de la proposición 2. De la expresión (3) se infiere que un elector votará por el partido en el gobierno, si y sólo si

Si sustituimos las ecuaciones (2a)y (2b) en la expresión anterior, obtenemos:

Dado que la función de utilidad del elector es aditivamente separable y homogénea de grado 1 en , y , entonces la ecuación (A5) se puede expresar así:

Si operamos en la expresión (A6), deducimos que:

A partir de modelo probit:

en que es la variable endógena, el conjunto de variables exógenas, el vector de parámetros de , la perturbación aleatoria, las variables binarias que reflejan las diferencias de grupo (si existen más de dos grupos se podrían especificar tantas variables binarias como grupos) y el coeficiente de .

La hipótesis de homoscedasticidad es . Si estimamos (A7), suponiendo que , estamos contrastando si el modelo probit no presenta heteroscedasticidad por grupos.

Si se rechaza concluiremos que el modelo probit es de homoscedasticidad y, por tanto, no existen diferencias significativas entre las varianzas de las perturbaciones aleatorias de los diferentes grupos.

En el cuadro A1 se presentan los estimadores del modelo probit homoscedástico y heteroscedástico del voto económico en España.

Modelo probit homoscedástico y heteroscedástico (por grupos) del voto económicoa
a

Entre paréntesis aparece el error estándar de los coeficientes estimados. *, ** y *** denotan el nivel de significación (ρ−value) de 1, 5 y 10%, respectivamente. ρ = Corr (εr, εs), en el que εr y εs son los errores de las submuestras de quienes atribuyen la responsabilidad al gobierno.

En el cuadro A2 se presentan los coeficientes estimados del modelo probit del voto económico en España, tanto para la submuestra de electores que atribuyen la responsabilidad al gobierno, como en el caso de quienes no responsabilizan al Ejecutivo.

Modelo probit del voto económicoa
a

Entre paréntesis aparece el error estándar de los coeficientes estimados. *, ** y *** denotan el nivel de significación (ρ−value) de 1, 5 y 10%, respectivamente.

Historial:
  • » Recibido: 24/10/2005
  • » Aceptado: 29/06/2006
  • » Publición impresa: 2007Apr-Jun

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Revista El Trimestre Económico, volumen LXXXVI (1), número 341, enero-marzo de 2019. Es una publicación trimestral que aparece en enero, abril, julio y octubre, editada por el Fondo de Cultura Económica, con domicilio en  Carretera Picacho Ajusco número 227, Col. Bosques del Pedregal, Delegación Tlalpan, C.P.  14738, Ciudad de México, teléfono (55) 5227 4672, ext. 1850, http://www.eltrimestreeconomico.com.mx/. Reserva de derechos al uso exclusivo  Número 04-2016-052612421000-203, ISSN 2448-718X. Ambos otorgados por el Instituto del Derecho de Autor.  Responsable de la última actualización de este número: Nuria Pliego Vinageras, Secretaria Técnica, Fecha de la última actualización:  28 de enero de 2019. La responsabilidad por lo expresado en los artículos, notas y reseñas es  estrictamente de sus autores; en consecuencia El Trimestre Económico, el Fondo de Cultura Económica y las instituciones a las que estén asociados los autores son ajenos a ella. Todos los derechos reservados. Se autoriza la reproducción total o parcial de los artículos  aquí presentados, siempre y cuando no se mutile y se incluya en todos los casos, junto con la ficha completa, el nombre del autor al que se cite y la  dirección electrónica de la revista; de otra forma, requerirá la autorización por escrito de El Trimestre Económico.